El desafío del financiamiento del Estado y el equilibrio presupuestario

El déficit fiscal del Gobierno Central ha rondado peligrosamente el 6% del producto interno bruto (PIB) durante esta década. Eso ha ocasionado un aumento importante del nivel del endeudamiento del país, acercándonos a un escenario donde sea necesario recurrir al financiamiento de organismos internacionales para evitar un impago de la deuda. Llegar a ese punto es indeseable ya que involucraría aceptar una política fiscal más restrictiva en detrimento de nuestro crecimiento económico y empleo.

En VAMOS proponemos reducir el déficit fiscal del Gobierno Central al 3% del PIB con medidas tanto en lo referente a los ingresos, como de los gastos. Estas condiciones permitirían reducir las presiones sobre el endeudamiento público y mantener nuestra economía con un estímulo adecuado.

Asumimos compromisos realizables a nivel legislativo que generen faciliten la reducción del déficit fiscal, sin eximir de responsabilidad al Poder Ejecutivo en la ejecución de acciones que permitan aumentar el crecimiento económico, así como reducir la evasión y la elusión fiscal. Una combinación de estas medidas puede incrementar la recaudación tributaria anual en al menos un 2% del PIB durante los próximos años.

Creemos además que el objetivo de la política fiscal no es solo la estabilidad macroeconómica, sino también un adecuado reparto de la riqueza. Por esa razón desde VAMOS no aprobaremos aumentos en las tasas generales de los impuestos indirectos e impulsará salvaguardas que permitan atenuar el impacto de la reforma tributaria en el poder adquisitivo.

Impuestos directos más justos

Nuestra principal apuesta en el ámbito fiscal es que el impuesto sobre la renta sea más progresivo y cuente con una base más amplia (es decir, con renta global y renta mundial). En el mediano plazo las declaraciones de ingresos deben ser generalizadas y unificadas, facilitando el acceso automatizado de información desde la facturación electrónica y la base de datos de la Caja Costarricense del Seguro Social para combatir la evasión.

Las rentas personales, sin importar su fuente, serían gravadas con una tasa escalonada que aumente según la totalidad de ingresos generados, garantizando un monto mínimo sobre el que no se pagará este impuesto según el tamaño del núcleo familiar inmediato. Las rentas corporativas deben continuar gravadas con una tasa general del 30%, manteniendo tarifas preferenciales a pequeñas y medianas empresas.

En el corto plazo apoyaremos una propuesta que permita gravar las ganancias de capital con un impuesto general del 15%, salvo algunas pocas excepciones calificadas. Como parte de la progresividad fiscal en el corto plazo también es necesario crear una escala de tasas escalonadas en el impuesto sobre la propiedad de vehículos según su valor y aumentar el tramo del impuesto a los ingresos sobre los dos millones de colones mensuales en salarios de 15% a 20%.

 

Un IVA con salvaguardas sobre el costo de vida

Apoyaremos la creación del impuesto al valor agregado (IVA) siempre que la tasa se mantenga en 13%, al tiempo que se protege el poder adquisitivo de los sectores medios y vulnerables mediante la adopción de las siguientes medidas:

  • Mantener exoneraciones en los bienes de la canasta básica y en los servicios de transporte público.
  • Tasas reducidas para los servicios de salud privada y educación privada. En el caso de salud crear alguna posibilidad de deducción o reembolso.

 

Contención del gasto público y amortización de la deuda

Apoyaremos reglas fiscales que faciliten reducir el ritmo del crecimiento automático del gasto público y que disminuya paulatinamente su tamaño relativo a la economía. Además asumimos el compromiso para vigilar que el trámite de leyes que representen nuevas erogaciones significativas para el Estado cuenten con una fuente de financiamiento definida.

En el caso del empleo público creemos que los incentivos salariales se otorguen de forma ordenada y razonable, que promueva el ingreso de personas jóvenes talentosas y debidamente calificadas pero sin desencadenar persecuciones ni menospreciar el trabajo que hace el funcionariado.

Apoyamos los esfuerzos para alcanzar la inversión del 8% del PIB en educación pública de forma gradual y responsable. Para cumplir el mandato constitucional será necesario darle prioridad a este destino dentro de las necesidades presupuestarias. Coincidimos con el Informe del Estado de la Educación en que recortar en educación sería condenarnos a tener otra generación perdida. No obstante, este aumento presupuestario debe venir acompañado del cumplimiento de metas que permitan disminuir la exclusión educativa, aumentar el rendimiento académico y diversificar la oferta curricular.

Desde VAMOS también continuaremos explorando nuevas reformas que permitan reducir el peso de las pensiones especiales en el presupuesto nacional.

Por otra parte, el gasto en intereses financieros representa un monto cada vez mayor del presupuesto nacional, al mismo tiempo que existen varias instituciones del Estado que cierran sus presupuesto con superávit o utilidades. Por ese motivo, tenemos apertura hacia reformas que permitan a las instituciones autónomas y empresas públicas colaborar en la amortización de la deuda, siempre que no involucre su privatización o debilitamiento.